Brasil está en un camino ambiental trágico y venenoso, asegura un experto de la ONU

UN Photo/Eskinder Debebe (file)
Jóvenes residentes en el bosque nacional Tapajós, en Brasil, nadan en el río para refrescarse del intenso calor.

Un relator especial asegura que Brasil ignora su obligación constitucional de proteger al pueblo contra la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos, ya que está eliminando ministerios e instituciones cruciales, restringiendo la financiación, acabando con programas claves y atacando a las personas que luchan valientemente para defender sus derechos a la vida, la salud y el equilibrio ambiental.

Brasil se encuentra en un “trágico camino” de desmantelamiento de instituciones, ya debilitadas, que se crearon para proteger a las personas y el medio ambiente, aseguró un experto* de la ONU en derechos humanos después de una visita de dos semanas al país.

Baskut Tuncak, relator especial sobre las implicaciones de derechos humanos de las sustancias tóxicas, aseguró que el país está retrocediendo, gracias a un sentido “maligno” de impunidad entre los perpetradores que envenenan al público, toman sus tierras y destruyen el medio ambiente.

“A raíz de una serie de horribles crímenes ambientales, desde el colapso mortal de presas de relaves hasta una epidemia de intoxicaciones por pesticidas, uno esperaría ver al país promulgar los más estrictos controles ambientales y laborales para sustancias y desechos peligrosos”, dijo el experto.

Catástrofes impunes

Tuncak destacó el colapso de dos represas en 2015 y 2019. El primero fue operado por una empresa conjunta de Vale y BHP Billiton: su colapso mató a 18 personas e impactó la vida de más de tres millones, incluidas las comunidades indígenas y tradicionales; el segundo, que involucra a una de las mismas compañías, Vale, mató a casi 300 personas.

“Después de años de negación por parte del Gobierno y las empresas involucradas, los impactos de la exposición al lodo tóxico del desastre de 2015 ahora son visibles y continúan vinculados a problemas de salud, y, sin embargo, las compañías continúan abusando de su influencia para prevenir que la información de seguridad y salud vea la luz del día”, dijo el relator especial.

Agregó que Brasil ignora su obligación constitucional de proteger los derechos humanos de la ciudadanía contra la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos: está eliminando ministerios cruciales, restringiendo la financiación para funciones esenciales, acabando con programas clave, reduciendo el espacio cívico y no aplicando las leyes y decisiones judiciales existentes para proteger a la población.

“Al mismo tiempo, criminaliza y ataca a las personas que luchan valientemente para defender sus derechos a la vida, la salud y el equilibrio ambiental, entre otros derechos humanos reconocidos en la Constitución de Brasil.

ONU/Eskinder Debebe
Bosque Nacional Tapajos, Brasil.

Pesticidas, incendios y comunidades envenenadas

Tuncak aseguró que Brasil continúa permitiendo el uso de docenas de pesticidas altamente peligrosos que han sido prohibidos por muchos otros países.

“Las acciones e inacciones del Gobierno han desatado una ola catastrófica de pesticidas tóxicos, deforestación y minería que envenenarán a las generaciones a menos que se tomen medidas rápidas para poner a Brasil en el camino hacia el desarrollo sostenible”, aseguró.

El relator también destacó un fuerte aumento en la deforestación y la cantidad de incendios en la Amazonía y la sabana brasileñas, presuntamente influenciados por señales del Gobierno que alientan los cambios en el uso de la tierra para acelerar el crecimiento de la producción de alimentos y agricultura, así como la minería.

Muchos de los problemas ilustran un desprecio desde hace mucho tiempo por los derechos humanos y el bien común por parte de las empresas en Brasil”, dijo.

También aseguró que la comunidad de Piquiá de Baixo ha sido envenenada durante décadas. “Si bien se ha avanzado en la reubicación de esta comunidad resiliente en hogares donde pueden vivir con dignidad, las políticas caóticas y los recortes presupuestarios del Gobierno amenazan con dejar a esta comunidad para soportar aún más el abuso de sus derechos por parte de Vale, Viena Siderúrgica y Gusa Nordeste indefinidamente”, aseguró.

Tuncak dijo que, durante décadas, Brasil ha ayudado al mundo a idear soluciones a preocupaciones ambientales y de derechos humanos cruciales a través del brillante trabajo de la sociedad civil y los investigadores académicos.

“Es desalentador ver a las autoridades desmantelar tantos canales de colaboración e incluso tratar de criminalizar a estos actores. Un cambio radical en la relación entre el Gobierno y la sociedad civil es crucial para mejorar el difícil escenario que observé”. El Relator Especial presentará sus conclusiones y recomendaciones completas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2020.

Artículo original: https://news.un.org/es/story/2019/12/1466651